Hasta los 300.000 euros para los ruidosos en Málaga

El Ayuntamiento quiere hacer frente a los altos niveles de ruido que padece la capital con la aprobación de una ordenanza para su prevención y su control que plantea un durísimo régimen de sanciones que pueden llegar hasta los 300.000 euros para los infractores.

La cosa no queda ahí, ya que dicho infractor puede enfrentarse también a castigos como la clausura definitiva o parcial de las instalaciones generadoras de ruidos o el cierre de las mismas por un periodo no inferior a dos años; se expone también a la prohibición temporal o definitiva de la actividad en cuestión.

La concejala de Medio Ambiente, Araceli González, dio cuenta ayer de este proyecto de ordenanza que fue aprobado por la junta de gobierno y que ahora pasará al pleno para su exposición pública.

El proyecto que ahora se presenta tiene su origen en el que se aprobó hace tres años y que hubo que dejar aparcado para acomodarlo a la normativa europea y nacional que se aprobó posteriormente.

La normativa que ahora pretende aprobarse atañe directamente a las personas a nivel individual, de tal manera que queda prohibido cantar, gritar o vociferar en las calles; tampoco se permitirán trabajos de bricolaje o reparaciones domésticas entre las diez de la noche y las ocho de la mañana; no se permiten actividades perturbadoras del descanso que genere molestias a los vecinos; los poseedores de animales están obligados a adoptar medidas para que las mascotas no alteren la tranquilidad de los vecinos, y habrá que vigilar el ruido derivado del funcionamiento de electrodomésticos, de aparatos musicales o de los aires acondicionados en el interior de las viviendas.

La normativa también trata de preservar que las calles no tengan un ruido excesivo. Así, no se permitirán actuaciones de grupos musicales, vocalistas o similares en la vía pública; la carga y descarga estará prohibida entre diez de la noche y siete de la madrugada en zona de viviendas y en las obras y actuaciones en la vía pública no se podrán utilizar maquinarias cuyo nivel de ruido a cinco metros sea superior a los 90 decibelios.

Los vehículos también tendrán que someterse a normas de civismo de tal manera que serán inmovilizados y trasladados a dependencias municipales los que circulen sin silenciador y aquéllos que sean "notoria u ostensiblemente ruidosos", caso de los llamados ´coches- discoteca´.
Así mismo, el texto dedica una atención especial a las actividades comerciales, industriales o negocios en general. En este sentido, los establecimientos del tipo supermercados, gimnasios, talleres de vehículos, bares, restaurantes, comercios, las panaderías, heladerías, imprentas, peñas deportivas u otros comercios similares que estén junto a viviendas deberán tener un aislamiento mínimo de 60 decibelios.

A su vez, los establecimientos como los cines, talleres de chapa, carpintería metálica, academias de baile o música, salones de celebraciones y los que tengan equipos ruidosos que pueden generar más de 90 decibelios, deberán tener igualmente aislamiento acústico mínimo de 65 decibelios. También las discotecas, salas de conciertos, salas de fiesta y similares deberán tener un aislamiento acústico mayor que las anteriores.
Por otra parte, en aquellos locales que tengan equipo de reproducción de música o audiovisual, se instalará un equipo limitador-controlador "que permita asegurar de forma permanente que bajo ninguna circunstancia las emisiones musicales superen los límites permitidos en su interior y de cara al exterior".
El régimen sancionador, que va desde faltas muy graves a leves, divide entre infracciones en materia de calificación ambiental y las de calidad acústica. Las primeras podrán ir desde los 1.000 a los 30.000 euros. Las segundas son las más duras, ya que las multas pueden llegar a 300.000 euros y contemplar también la revocación de la actividad sancionada, la clausura total o parcial de las instalaciones, su precintado y la publicación en los medios de dichas sanciones con nombres y apellidos de las personas responsables.
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