Los paisajes tienen características propias de sistemas auto-organizados como los describe E. Morin y, por tanto, se debe evaluar no sólamente la eficacia de los planificadores a la hora de transformar los espacios, sino también la coerción que pueden ejercer los sistemas auto-organizados en el tiempo a través de sus propias mutaciones, proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores.
La creación de una nueva ordenación espacial origina nuevos flujos entre elementos espaciales diferentes, creando movimientos en el espacio, acortando distancias entre puntos distantes y distanciando poblaciones que estaban próximas por el efecto de una barrera, como una autopista, por ejemplo. Esas nuevas reorganizaciones espaciales tendrán con toda seguridad repercusiones sociales que necesitan ser reevaluadas a la luz de la permeabilidad o impermeabilidad de la nueva infraestructura introducida en el territorio.
La Arqueología junto a otras disciplinas convergentes está en condiciones de responder a las necesidades de la Ordenación del Territorio, permitiendo un carácter anticipatorio frente a las demandas sociales y evitando, algunas de las consecuencias negativas de las reordenaciones del territorio (obras públicas, infraestructuras, PAI?). Los problemas se resolverán si somos capaces de responder a la pregunta ¿Qué queremos hacer con la información derivada del patrimonio y con el propio patrimonio? Si nos conformamos con una simple respuesta bienintencionada como es «conservar y conocer mejor los vestigios del pasado y nuestra historia» incluso con el esquema actual es insuficiente ya que no existe siquiera un modelo de gestión de lo patrimonial.
Si, de lo contrario, queremos proponer una teoría de la gestión, entonces parece imprescindible la definición desde la Conselleria de Cultura de un modelo y directriz general de los estudios de impacto arqueológico para su inclusión en los estudios de impacto medioambiental, admitiendo las siguientes premisas. En primer lugar, aceptar que los paisajes tienen una movilidad en la larga duración histórica y que son el escenario de procesos complejos a muy diferentes escalas. En segundo, realizar simulaciones retroactivas con datos reales originados en diferentes disciplinas (arqueología, ciencias de la tierra, ciencias sociales). En tercero, contribuir a la elección y decisión de políticas públicas de ordenación del territorio a medio y largo plazo. En cuarto, elaborar un tratamiento jurídico diferenciado que permita establecer criterios y grados de protección del patrimonio en función del papel morfogenético que cumplen o cumplieron en el territorio. Y, finalmente, determinar los casos en que la finalidad y forma de la ordenación del territorio podría ser dictada por los estadios antiguos o tradicionales del paisaje.
El principio de sostenibilidad cobra una nueva perspectiva cuando hablamos de las transformaciones en el paisaje a lo largo del tiempo, transformándose en el de resiliencia. El término resiliencia, utilizado por primera vez en la Física, ha pasado a ser usado en las ciencias sociales y humanas con el sentido de la capacidad de adaptabilidad de un sistema a las perturbaciones externas. En realidad se trata de una sensibilidad hacia la evolución dinámica y hacia la historia y no solamente a la del tiempo futuro. Si pretendemos realizar una evaluación de impacto de una nueva ordenación de un paisaje y queremos entender la forma en que las sociedades del pasado actuaron y las del futuro actuarán en el espacio, debemos reflexionar sobre la resiliencia (sostenibilidad) de las elecciones que se tomaron en el pasado y la capacidad de una estructura paisajística para absorber impactos, pero también, la capacidad de aprovecharlos e integrarlos, participando, desde ese momento en la propia historia de la estructura.
Una consecuencia derivada de lo anterior es la necesidad de abandonar la noción de impacto. Este concepto presupone la ingenua idea de que los inconvenientes de cualquier acción humana sobre el medio son susceptibles de ser corregidos. La perversión consecuente es que si las actuales reordenaciones (ordenación presupone el error de que no existía un orden previo) del territorio se dan por hecho, los impactos se miden y corrigen por científicos aislados del tejido social?, no habiendo, pues, necesidad de provocar un debate público sobre la necesidad de la nueva infraestructura. La comunidad científica y los actores sociales deben crear nuevos procedimientos de debate científico y social que permita a los agentes sociales decidir con conocimiento de consecuencia (que no de causa) sobre su futuro, sobre la gestión de su espacio, sobre la dinámica de sus territorios y de sus ciudades.
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