Plan de Sendas de la costa cántabra de gran valor paisajístico

Se trata de la red de sendas que recorre el litoral de la costa de Cantabria,114 itinerarios, de ellos 55 considerados como rutas de gran recorrido y los 59 restantes calificados como caminos litorales con menor longitud.

Un total de 618 kilómetros cuentan con una Plan Especial que implica el desarrollo de distintas actuaciones que pondrá en valor esas rutas de alto valor ambiental y paisajístico.

El borrador del documento, redactado por expertos externos y técnicos de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo, incluye una memoria económica que cuantifica las inversiones que serán necesarias para que la red, que afecta a 29 municipios -todos ellos afectados también por el Plan de Ordenación del Litoral (POL)- tenga vida propia y se convierta en 'realidad de uso público'. La suma final ascendería a nueve millones de euros. En muchos casos, las acciones a acometer ya está presupuestadas. El texto recibió ayer el visto bueno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) (ahora se someterá a información pública, volverá a la CROTU y será aprobado definitivamente por el Gobierno).

El plan define con exactitud qué tipo de actuaciones y usos puede darse a cada kilómetro de la red de sendas. Todo ello tras establecer tres niveles de intervención dependiendo de si los itinerarios discurren por zonas periurbanas, áreas de transición o entornos de alto valor ambiental y paisajístico.

Como criterios globales de ordenación para definir el trazado de las sendas se han utilizado distintas variables: la cercanía al mar, evitar intervenciones sobre terrenos de propiedad privada, la reducida pendiente del itinerario, la configuración como elemento de interpretación del paisaje, la elección de rutas integradas en un concepto global, la exclusión de áreas sin calidad ambiental, la preservación de la condiciones naturales del litoral y los trazados en suelo urbano.

Las rutas de 'Gran Recorrido Litoral' (GRL) -55- conectan con otras redes (País Vasco y Asturias). Suman 312 kilómetros. La división en tramos es mayor en la costa oriental que en la occidental debido a la morfología diferenciada de esa zona costera. Los itinerarios transcurren por 30 municipios, todos ellos encuadrados en el ámbito (POL).

Las otras sendas, englobadas en el epígrafe 'Caminos Litorales' (PRL) son 59 y linealmente llegan a los 306 kilómetros. Se trata de trayectos que se pueden recorrer en una sola jornada con facilidad. Constituyen paseos por las rías del litoral y se alejan del mar. Discurren por caminos tradicionales, visitan miradores panorámicos y posibilitan en su trayecto el disfrute de aspectos referidos al patrimonio cultural y etnográfico de la región.

El Plan de Sendas fue aprobado inicialmente el 26 de febrero de 2007. Desde esa jornada se inició un largo-reglado proceso administrativo durante el cual se dio audiencia singularizada a los ayuntamientos y se presentaron alegaciones. Del resultado de la información pública obtenida, de las negociaciones y de las alegaciones se incorporaron al texto algunos nuevos trazados propuestos por los municipios, se rectificaron trayectos y se adaptó la cartografía.

Se adoptó como norma, salvó en casos obligados, que ningún itinerario penetre en el dominio público marítimo terrestre; se estableció el criterio de no plantear sendas por la coronación de diques ni zonas inundables y de circular por servidumbres de tránsito en ausencia de un camino cercano a la costa. También se redujeron los pasos por áreas de especial sensibilidad ambiental y se estableció el retranqueo de algunas sendas para no circular por líneas activas de los acantilados.

Los terrenos por los que transita la red de sendas son en su mayor parte de propiedad pública (un 67%), en tanto que un 26% es de propiedad privada comunal (por lo general, pertenecen a Juntas Vecinales) y un 7% de propiedad privada ordinaria.

La aprobación final del Plan -que ayer dio un paso clave al asumirse por la CROTU- implicará la declaración de utilidad pública de los terrenos afectos y la «necesidad de ocupación a efectos expropiatorios de los terrenos». Como norma general que marca todo el proyecto, se trató de evitar que las sendas discurran por terrenos de propiedad privada.

El estudio económico del Plan establece una financiación compartida a partes iguales: Estado, Gobierno Autónomo, ayuntamientos y entidades públicas y privadas.
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