Ultimátum de la Comisión Europea a España por no depurar las aguas de 400 poblaciones

No es la primera vez que la Comisión Europea amonesta a nuestro país por este asunto. Sin embargo, lo de ayer es un verdadero ultimátum, pues si en el plazo de dos meses España no responde satisfactoriamente a estas cuestiones, la Comisión puede decidir llevar el caso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

«Me preocupa seriamente que un Estado miembro en el que el agua es un recurso valioso y escaso, numerosas ciudades y pueblos viertan a los ríos y al mar aguas residuales sin un tratamiento adecuado, incluso en zonas sensibles». Éstas fueron las palabras que el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, dedicó ayer a España por el retraso de hasta diez años en el tratamiento de aguas residuales, que más de 400 poblaciones españolas de más de 10.000 y 15.000 habitantes no realizan correctamente.

Y es que la Comisión considera que unas 343 poblaciones españolas están vertiendo aguas residuales urbanas sin depurar en zonas ya designadas sensibles, o que pueden llegar a serlo. Esto constituye una infracción a la Directiva, según la cual las aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes que viertan sus aguas en zonas ambientalmente sensibles debían disponer de sistemas colectores y de tratamiento para satisfacer las normas de calidad más estrictas (tratamiento terciario) a más tardar a finales de 1998. Pero además, otras 59 ciudades de más de 15.000 habitantes tampoco disponen de sistemas colectores y de tratamiento adecuados, algo que debía haber estado funcionando antes de finales de 2000.

Sin embargo, la directora general del Agua, Marta Morén, compareció ayer por la tarde en rueda de Prensa para explicar que la llamada de atención de la UE «no va a ser tan grave», puesto que ya están tomando las medidas necesarias para subsanarlo. Esas medidas, según Morán, pasan por la firma de unos protocolos de actuación con las comunidades autónomas, que aún se están discutiendo, «donde identificaremos las actuaciones necesarias», y por enviar información actualizada de la situación a la Comisión Europea.

Según Morán, los datos en que se basa la evaluación de la Comisión Europea, que ha dado lugar al dictamen motivado, fueron enviados a petición de las autoridades europeas por el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2007 -la carta de emplazamiento se recibió en 2006- pero contenían datos anteriores que, por lo tanto, se han quedado obsoletos. Sin embargo, y a preguntas de los periodistas, la directora general del Agua se negó a facilitar esos datos que al parecer demuestran que España ha mejorado en el tema de la depuración en este tiempo, y tampoco quiso decir cuáles son las más de 400 poblaciones que la Comisión Europea considera que no cumplen con los objetivos de depuración.

Es más, el único dato que dio se refiere al año 2005, cuando el 80 por ciento de las poblaciones españolas de más de 2.000 habitantes cumplían con la directiva de tratamiento de las aguas residuales, según Marta Morán, quien además aseguró que estos datos se actualizan cada dos años.

Sin embargo, cuando en junio del año pasado el Consejo de Ministros daba el visto bueno al Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicaba que todavía existían un importante número de poblaciones urbanas de más de 2.000 habitantes en aguas continentales y más de 10.000 en aguas costeras que no contaban con depuradora o en las que éstas no funcionaban de manera adecuada. Estas zonas sumaban entonces 2.356, un 46% del total. De ellas, 650 representan las de más de 15.000 habitantes, de las que 148 no contaban con depuración correcta.

Por tanto, los datos del 20% de cumplimiento que ayer ofreció Morán y los que se enviaron en noviembre de 2007 a la Comisión Europea nada tienen que ver con los que sólo seis meses antes (junio de 2007) dio la ministra Narbona durante su comparecencia tras la reunión del Gabinete de Gobierno que aprobó el citado plan.

La directora general del Agua se refirió precisamente a este plan, al que el Gobierno destina 19.000 millones de euros, como la herramienta que permitirá cumplir el objetivo de depuración de aguas en 2015; esto es, quince años después de lo estipulado.

Aunque la competencia en el tema de la depuración es de comunidades autónomas y ayuntamientos, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de las Confederaciones Hidrográficas, debe velar por la situación de los ríos, y por que los vertidos que se realizan al mar vayan previamente tratados, según explicó Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción.

A su juicio, la depuración «es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país». Tanto es así que Oberhuber explicaba que las cifras aportadas por la Comisión Europea le parecían bajas, y que seguramente habrá muchas más poblaciones en esta situación. Una apreciación que coincide con las cifras dadas por el Ministerio de Medio Ambiente hace casi un año y medio.

Oberhuber apuntó otro problema, y es que no todas las depuradoras que se han inagurado en los últimos años están funcionando, y otras sólo pueden hacerlo cuando en el río hay un determinado caudal o dependiendo de los residuos que se encuentren en el agua. Por tanto, dice, «ha habido muchas carencias en la planificación y escasa voluntad».
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