Anteproyecto de la ley de Desarrollo Sostenible

El Gobierno aspira a que España cambie su patrón económico por otro más sólido con una batería de cambios normativos y fiscales pensados para alentar la iniciativa empresarial y la innovación, reorientar el sector de la vivienda hacia el alquiler y la rehabilitación, aumentar el control sobre el uso del dinero público e intensificar la transparencia, aunque sin llegar a establecer límites, sobre las retribuciones de los directivos en las grandes empresas. Son las líneas maestras de la ley de Desarrollo Sostenible que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que no entran en cuestiones de gran calado como las reformas del mercado de trabajo y del sistema educativo o la estrategia energética, asuntos que quedan pendientes de negociaciones con los agentes sociales o con las demás fuerzas políticas, según los casos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, presentó el anteproyecto de la nueva ley como «extraordinariamente ambicioso» y formado por «un gran número de reformas importantes». Supone, dijo, «un proyecto de país» para armar un modelo económico que de aquí a 2020 sustituya al que, basado principalmente en la construcción y en el turismo, hizo crack con la recesión mundial que empezó en 2008.

El texto recoge medidas ya conocidas y algunas nuevas, como las pensadas para agilizar la creación de empresas y para proteger a pymes y autónomos frente a la morosidad de las administraciones o de otras compañías. La ministra Salgado expuso que, con los cambios normativos en ciernes, las sociedades limitadas más pequeñas se podrán crear en 24 horas y con un coste de 100 euros. Para las que tengan un capital superior a 3.100 euros e inferior a 30.000, el plazo será de cinco días y el coste máximo de 250 euros. Esta forma exprés de constitución de empresas estará exenta del pago del impuesto de actos jurídicos documentados. El anteproyecto de ley determina además que las actividades económicas que no impliquen molestias o riesgos no necesitarán licencias municipales. Salgado no precisó más sobre tales actividades ni acerca de si se compensará la merma de ingresos de los ayuntamientos.

Simplificar y abaratar los trámites para la creación de sociedades es una perenne demanda de las organizaciones empresariales, como lo es también la de mitigar los riesgos que para las pymes y los autónomos entraña contratar con la Administración. Para combatir la morosidad, la futura ley de Desarrollo Sostenible, bautizada ayer por algunas informaciones periodísticas como «un cajón de sastre», establecerá la obligación de que, a partir de 2013, todas las administraciones públicas paguen a las empresas contratadas en un plazo no superior a 30 días después de expedida la certificación correspondiente. Se determina, asimismo, que dentro del sector privado las compañías estarán obligadas a pagar los servicios de pymes y autónomos en un máximo de 60 días.

El anteproyecto que el Gobierno presentará al Parlamento, para su discusión y aprobación durante 2010, añade en el capítulo de las empresas estímulos fiscales para la innovación -se amplía del 8% al 12% la deducción del impuesto de sociedades por inversión en I+D+i-, levanta algunas barreras a la explotación comercial de patentes y anuncia ciertos compromisos genéricos para favorecer la apertura a los mercados exteriores.

El tránsito de un modelo en buena medida cimentado en el negocio de la construcción a otro de más alto valor precisa también, según la hoja de ruta del Gobierno, cambios en la fiscalidad de la vivienda para corregir el rumbo del maltrecho mercado inmobiliario. Conforme al anuncio que ya hizo el presidente Zapatero durante el último debate sobre el estado de la nación, el Ejecutivo quiere suprimir la deducción del IRPF por inversión en compra de vivienda habitual -la bonificación fiscal asociada a las hipotecas- para quienes adquieran piso a partir del 1 de enero de 2011 siempre que sus ingresos superen los 24.107 euros. Se mantendrá igual que ahora para quienes ingresen menos de 17.707 euros y se reducirá para quienes estén comprendidos entre las dos cantidades. Este cambio sólo afectará a viviendas compradas a partir de la fecha citada y no altera el tratamiento fiscal de las hipotecas actuales o de las que, para comprar la vivienda habitual, se firmen hasta finales de 2010.

Alternativamente, el Gobierno intenta incentivar el arrendamiento con una reforma parcial de la deducción por alquiler. El techo de ingresos para que el arrendatario disfrute de la desgravación íntegra ahora vigente (10%) se eleva de los 12.000 a los 17.707 euros y beneficiará también de manera gradual a quienes ganen hasta 24.000 euros. Se añade otra reforma para ampliar las reducciones del IRPF que disfrutan los propietarios.

Con el propósito de reanimar la actividad y el empleo en la construcción, el anteproyecto plantea crear una nueva deducción del 10% de los gastos de rehabilitación de la vivienda habitual -una desgravación máxima de 300 euros por contribuyente-, siempre que se trate de obras para mejorar la eficiencia energética o el uso del agua o para adaptar el inmueble para personas con movilidad reducida. El conjunto de los incentivos fiscales asociados a la vivienda, expuso la vicepresidenta Salgado, supondrá unos 800 millones de euros al año.
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