La nueva Ley del viento crea un canon medioambiental y un fondo de compensación

El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado hoy el proyecto de Ley que regulará el aprovechamiento de la energía eólica en Galicia y que crea el canon medioambiental y el fondo de compensación.

El proyecto de ley fue aprobado con los votos del Grupo Popular y el pleno rechazó las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición: PSdeG y BNG.

Durante el debate del proyecto de energía eólica estuvo presente el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, que, sin embargo, no intervino en el mismo. El diputado del PPdeG Pedro Arias aseguró que la nueva Ley de aprovechamiento de la energía eólica »introduce seguridad jurídica« en el sector». Para Arias, el texto propone unas reglas de funcionamiento que se ajustan a los principios de «competencia, mérito y capacidad» y que «compensa» los perjuicios que pueda ocasionar.

El parlamentario se refirió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para indicar que ha cumplido el compromiso electoral «con voluntad y rigor» en relación con la normativa eólica.

Por su parte, el diputado nacionalista Fernando Blanco, responsable de Industria en el Gobierno anterior, calificó la nueva Ley de «disculpa» y «excusa» para que el PP pueda hacer lo que quiera con el sector eólico». Para Blanco, la nueva ley «es una decisión política, arbitraria y partidaria» del PPdeG. El ex conselleiro defendió que el Decreto que había elaborado el Gobierno bipartito PSdeG-BNG ponía el sector eólico «al servicio de toda la sociedad» y añadió que esta percibiría algún beneficio por la explotación energética. En contra, indicó que el PPdeG pone el aprovechamiento eólico «en manos» de las grandes empresas energéticas.

En referencia al canon eólico que introduce la nueva Ley, Blanco indicó que es «de dudosa legalidad jurídica» y que este tributo será de difícil aplicación.

Así, se refirió al modelo del bipartito y al del PP como «antitéticos». Por último, Blanco advirtió a la Xunta de que envíe a los juzgados toda la información que le sea solicitada, «porque del delito administrativo se puede pasar a incurrir en delito penal», subrayó.

Por su parte, Abel Losada, del PSdeG, afirmó que «no hay razones objetivas, más bien oscuras», que justifiquen la abolición del anterior modelo de aprovechamiento eólico. Losada dijo que en el modelo energético del PPdeG «encontramos ideología» y que «es una falacia económica», al intentar hacer creer que la intervención pública genera pérdidas.

La nueva Ley recupera, según Losada, un sistema de adjudicación discrecional que, a su entender, favorecerá a las grandes empresas eólicas, y consideró que la «inseguridad» jurídica de la nueva norma va a desencadenar «una larga lucha judicial» por las demandas que generará.

El diputado socialista propuso que el canon eólico fuese gestionado por la Consellería de Hacienda como un tributo más, y señalo que la nueva Ley carece de criterios objetivos a la hora del reparto del fondo de compensación medioambiental.
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